No importa lo que se diga o lo que se haga, el debate sobre el pasado reciente no va a cesar, porque hay dolor y aprovechadores. Así de simple. De todas formas, querido lector, expongamos el argumento.
Durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti se aprobó la Ley de Caducidad, la cual luego fue avalada por la gente en un referéndum; pero no alcanzó.
Durante su gobierno, Jorge Batlle convocó a lograr el “estado del alma”, y dio pasos en la Comisión para la paz en procura de aclarar aspectos del pasado reciente; pero no alcanzó.
Durante su gobierno, Tabaré Vázquez aclaró varios casos de desaparecidos, abrió investigaciones por doquier y metió presos a un grupo de represores; pero no alcanzó.
En las últimas elecciones, la gente volvió (por segunda vez) a ratificar la Ley de Caducidad; pero tampoco alcanzó.
El debate que se ha instalado en el gobierno luego de que José Mujica dijera que quiere liberar a los militares presos y sellar el pasado, no agrega ningún elemento novedoso al asunto, más que ratificar la capacidad de misericordia que ya le era reconocida al presidente: los familiares siguen y seguirán con su reclamo, los aprovechadores seguirán haciendo gárgaras con la Justicia, y la mayoría de la gente que volvió a ratificar la polémica ley, tendrá que seguir soportando que le quieran trampear la voluntad inventando artilugios jurídicos.
La participación de Mujica en este debate sin fin sí confirma que la Justicia es un concepto subjetivo. Para Mujica, que estuvo entre los que más sufrió del pasado violento, es justo liberar a los presos; para los familiares de algunas víctimas (las de los militares, no las víctimas de los tupamaros) y para otros que nunca sufrieron nada, no. Para la Corte de Justicia, hace unos años, la Ley de Caducidad era constitucional; para la Corte de Justicia, hace unos meses, la Ley de Caducidad es inconstitucional. Para algunos, fue un acto de Justicia que así como se amnistió a los tupamaros que mataron y que nunca fueron presos, se haya amnistiado a los militares; para otros, un crimen no es igual a otro; para algunos, es democrático y justo que el pueblo decida; para otros es democrático que el pueblo decida, pero sólo es justo cuando decide en el sentido de lo que ellos piensan.
Si los sucesivos gobiernos siguen fomentando este debate, por algo será. Habrá que seguir el ritmo, pero sin olvidar que no importa, ni importará, cuánto se diga o se haga: nunca va a alcanzar, porque el dolor de los familiares de las víctimas, las diferencias entre una y otra visión del asunto, y el oportunismo de los que medran políticamente con él, tienen un denominador común: son inconmensurables.