La discusión en nuestra sociedad sobre cual es el límite de edad para que quien delinque sea considerado plenamente responsable ante la justicia penal, tiene varias décadas.

Recordamos, por ejemplo, iniciativas en tal sentido del escribano Dardo Ortiz, del Partido Nacional, y del senador colorado escribano Pedro W. Cersósimo, que en su oportunidad apoyamos con total convicción.

Hoy, conmovido ante la violencia criminal protagonizada por numerosos menores de 18 ańos, es el diputado colorado Ruben Díaz quien, con oportunidad y acierto, propone reducir ese límite de responsabilidad penal a los 16 ańos, pero con una serie de criterios y pautas que permiten al juez ajustar la sanción al caso concreto.

¿Por qué el sistema político en general ha sido tan remiso a considerar este tema?

No lo sabemos. Como tampoco se entiende cual ha sido la razón que ha impedido establecer una clara y enérgica política carcelaria, cuyo centro debió ser la inmediata construcción de cárceles, en cantidad y calidad suficientes como para albergar, asegurar y reeducar a los delincuentes, tanto mayores como menores.

Porque, ¿qué labor de recuperación de los delincuentes es posible, cuando se carece de las instalaciones más elementales?

¿Quién ignora que los presos se encuentran hacinados, en celdas superpobladas, sometidos a vejámenes injustos, vergonzosos e inhumanos?

Sin embargo, pese a que el grave problema se arrastra desde hace muchos ańos, las soluciones no llegan, los remedios se posponen, y las dificultades se acentúan y profundizan a diario.

Con tal estado de cosas ¿quién pierde más? Obviamente la gente, el ciudadano común, el hombre y la mujer que viven de su trabajo o de una jubilación, aquellos que no tienen recursos como para llenar sus casas de rejas, pagar a una agencia de seguridad privada, recurrir al famoso 222, o mudarse a barrios o zonas más seguras.

Bien sabemos que reducir la edad mínima para ser responsable penalmente no termina con el delito. Pero al menos, el proyecto de Ruben Díaz, reconoce una realidad, pone un freno a la creciente utilización de menores por delincuentes mayores, manda seńales positivas desde el poder público al mundo del hampa, y otorga a los jueces mejores instrumentos, más flexibles, para aplicar la ley penal al caso concreto.

Como un elemento más que positivo, debe seńalarse la disposición en principio favorable a reducir el límite de edad para la responsabilidad penal, que sustenta el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Leslie Van Rompaey.

En la vereda de enfrente están los conocidos de siempre: aquellos que, tal vez algunos ingenuamente, se niegan a aceptar que el mundo cambió; que no miran con «simpatía política» las medidas tendientes a acentuar la severidad de las penas; o que quieren que los problemas se resuelvan sin hacer nada para resolverlos.

Nosotros, en cambio, apoyamos esta iniciativa, por cuanto la entendemos necesaria. Y esperamos, sinceramente, que así lo entienda también la mayoría del Parlamento, anteponiendo a cualquier cálculo menor, la prioritaria sensibilidad frente a las víctimas del delito.

Y por cuanto es obligación indelegable del Estado proveer de seguridad a sus ciudadanos.

Y, en esto, como en todo, primero están, deben estar, los honestos e indefensos ciudadanos. Será justicia.