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Proponen que Fórmulas Presidenciales Presenten Declaración de Bienes e Ingresos

Tal lo anunciado por el legislador del Foro Batllista, quien agregó que posteriormente presentará un proyecto de Ley que reglamente el tema en la Junta Anticorrupción. Esto viene a tiempo de las elecciones que definirían el futuro de nuestro país.

Todo apunta a dotar de mayor transparencia al sistema político, dijo Abdala ante los micrófonos de Radio Capital:

«En momentos como éste hay que dotar de mayor transparencia a la actividad política y, en todo caso, no sé si la expresión es contribuír al fortalecimiento de la democracia y mejorar la confianza de la gente en la política, que está bastante disminuída; decir lo contrario sería una tontería.

«En ese sentido me parece que si hay una acción voluntaria de parte de los integrantes de las fórmulas a presidente y vicepresidente para presentar la situación de bienes e ingresos, la Declaración Jurada de bienes e ingresos, es una muy buena cosa, porque la gente en este país me parece que tiene derecho a saber de los candidatos a presidente -del doctor Vázquez, del doctor Lacalle, del doctor Larrañaga, del escribano Stirling-, cómo es el asunto de los bienes e ingresos que tienen estos hombres que aspiran nada menos que a conducir la República, a ser el primer ciudadano del país.

«Este planteo tiene un plano voluntario porque naturalmente estoy presentando también un proyecto de Ley, pero como usted lo sabe tan bien como yo, el Parlamento se toma su tiempo para estos proyectos de Ley y además puede llegar a demorar bastante, en consecuencia hago un doble planteo: el proyecto legislativo está arrancando, pero lo que estoy planteando es desde el punto de vista voluntario, que los candidatos lo hagan, que la Junta Anticorrupción reciba esta declaración y que ellos la publiquen para que la gente lo sepa.

«Me parece muy bueno, me parece que es constructivo, que nos hace bien a todos, y genera un poco más de -vuelvo a repetir esa expresión- de transparencia que es imprescindible en tiempos como los que estamos viviendo».

¿Los Grandes Ausentes?

Ya iniciada la campańa electoral, a pocas semanas de las elecciones internas en los partidos y a escasos meses de las elecciones para renovar las autoridades nacionales, son pocos los debates sobre ideas, propuestas y proyectos.

Es más, poco se conoce sobre las ideas fuerza que caracterizan a los partidos políticos en este siglo XXI. Dan la sensación de estar mas enfrascados en las competencias personales, más interesados en la definición sobre candidaturas, que en el análisis de las grandes propuestas para resolver los grandes problemas que tiene el Uruguay.

Hoy por hoy resulta bastante difícil para el ciudadano común distinguir cuales son los postulados característicos de cada uno de los grandes partidos.

Más aún cuando se trata de concretar medidas directas y soluciones realistas para resolver los problemas que aquejan a la gente.

La desocupación, la marginalidad, la generación de los recursos necesarios para el pago de la deuda externa; la postergada e ineludible reforma del Estado, la seguridad de las personas y los bienes, los bajos salarios de muchos servidores públicos, como profesores, enfermeras y policías; el respeto por el derecho y por los contratos; el informalismo; la calidad de la enseńanza; la reducción selectiva de las fuerzas armadas y la mejora de sus equipamientos y remuneraciones; las reformas en las estructuras productivas, la integración regional, continental y mundial; el transporte; la migración; las tremendas cargas impositivas sobre empresas y contribuyentes; la situación de la seguridad social y su peso sobre el presupuesto nacional, el déficit público; y un largo etcétera de problemas que condicionan nuestras vidas y las vidas de nuestras familias.

Lo que los ciudadanos quisiéramos ver y oír en estos tiempos electorales, no son candidatos prometiendo maravillas y luciendo como actores de cine bien maquillados. Lo que la ciudadanía espera y necesita son debates con altura, entre hombres responsables, sobre la mejor forma de enfrentar y resolver, de manera creíble y sensata, los problemas que tiene nuestro país.

No existe otra forma, en las democracias, para elegir a los mejores de entre quienes PRETENDEN gobernar, por cinco largos ańos, la vida y los destinos de todos los uruguayos. Unas personas que solo aspiran a tener paz y seguridad, trabajar dignamente y vivir mejor.

Los Oportunistas, las Víctimas y el Gobierno

No importa lo que se diga o lo que se haga, el debate sobre el pasado reciente no va a cesar, porque hay dolor y aprovechadores. Así de simple. De todas formas, querido lector, expongamos el argumento.

Durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti se aprobó la Ley de Caducidad, la cual luego fue avalada por la gente en un referéndum; pero no alcanzó.

Durante su gobierno, Jorge Batlle convocó a lograr el “estado del alma”, y dio pasos en la Comisión para la paz en procura de aclarar aspectos del pasado reciente; pero no alcanzó.

Durante su gobierno, Tabaré Vázquez aclaró varios casos de desaparecidos, abrió investigaciones por doquier y metió presos a un grupo de represores; pero no alcanzó.

En las últimas elecciones, la gente volvió (por segunda vez) a ratificar la Ley de Caducidad; pero tampoco alcanzó.

El debate que se ha instalado en el gobierno luego de que José Mujica dijera que quiere liberar a los militares presos y sellar el pasado, no agrega ningún elemento novedoso al asunto, más que ratificar la capacidad de misericordia que ya le era reconocida al presidente: los familiares siguen y seguirán con su reclamo, los aprovechadores seguirán haciendo gárgaras con la Justicia, y la mayoría de la gente que volvió a ratificar la polémica ley, tendrá que seguir soportando que le quieran trampear la voluntad inventando artilugios jurídicos.

La participación de Mujica en este debate sin fin sí confirma que la Justicia es un concepto subjetivo. Para Mujica, que estuvo entre los que más sufrió del pasado violento, es justo liberar a los presos; para los familiares de algunas víctimas (las de los militares, no las víctimas de los tupamaros) y para otros que nunca sufrieron nada, no. Para la Corte de Justicia, hace unos años, la Ley de Caducidad era constitucional; para la Corte de Justicia, hace unos meses, la Ley de Caducidad es inconstitucional. Para algunos, fue un acto de Justicia que así como se amnistió a los tupamaros que mataron y que nunca fueron presos, se haya amnistiado a los militares; para otros, un crimen no es igual a otro; para algunos, es democrático y justo que el pueblo decida; para otros es democrático que el pueblo decida, pero sólo es justo cuando decide en el sentido de lo que ellos piensan.

Si los sucesivos gobiernos siguen fomentando este debate, por algo será. Habrá que seguir el ritmo, pero sin olvidar que no importa, ni importará, cuánto se diga o se haga: nunca va a alcanzar, porque el dolor de los familiares de las víctimas, las diferencias entre una y otra visión del asunto, y el oportunismo de los que medran políticamente con él, tienen un denominador común: son inconmensurables.

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